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La C?mara Federal confirm? el procesamiento de Angelina Abbona, ex procuradora del Tesoro PIDEN JUICIO POLITICO PARA RICARDO LORENZETTI El juez Jorge Mor?n fue designado presidente de la Junta de titulares de C?maras Nacionales y Federales del pa?s 07-04-2017 Salta: Lanzan la d?cima cuarta edici?n del Programa ?La Justicia sale a las escuelas? 07-04-2017 La C?mara Federal confirm? el procesamiento de Angelina Abbona, ex procuradora del Tesoro 06-04-2017 PIDEN JUICIO POLITICO PARA RICARDO LORENZETTI 06-04-2017 El juez Jorge Mor?n fue designado presidente de la Junta de titulares de C?maras Nacionales y Federales del pa?s Ver todas las noticias Fecha de Sentencia: 28-03-2017 | Jurisdiccion: Corte Suprema de Justicia de la Nacion | Fuero: Fuero Civil | Tribunal: Tribunales Federales | Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Naci?n Autos: Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ da?os y perjuicios Sumario: En la causa ?Villamil, Amelia Ana c/ Estado Nacional s/ da?os y perjuicios?, se dict? una sentencia en la que el voto de la mayor?a fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, mientras que los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti opinaron en disidencia. Mediante el voto conjunto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, la Corte Suprema concluy? que dichas reclamaciones no son imprescriptibles y que, por ende, para dar lugar a una sentencia condenatoria por la responsabilidad del Estado, las acciones est?n sometidas a las disposiciones que establecen el plazo de prescripci?n dentro del cual deben ser ?tilmente promovidas. Los jueces Maqueda y Rosatti votaron en disidencia sosteniendo que esta clase de acciones eran imprescriptibles, fundando sus opiniones en mediante sendos votos individuales. Hechos En el caso se trataba la demanda promovida por Amelia Ana Mar?a Villamil contra el Estado Nacional, en la que reclam? el resarcimiento de los da?os y perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparici?n de su hijo y de su nuera, Jorge Ayastuy y Marta Elsa Bugnone, ocurrida en el a?o 1977 y que imput? al accionar de ?un grupo de personas uniformadas [?] que ?prima facie? actuaba en ejercicio de alguna forma de autoridad p?blica? (fs. 1/28 vta.). El Estado Nacional contest? la demanda, plante? la excepci?n de prescripci?n de la acci?n y pidi? el rechazo de la demanda. Esta defensa fue rechazada por la C?mara Federal de Apelaciones de La Plata que declar? imprescriptibles a estas pretensiones. Esta resoluci?n fue impugnada por el Estado Nacional mediante un recurso extraordinario federal que la Corte Suprema declar? admisible, para as? revocar la sentencia apelada y concluir en que estas acciones est?n sujetas a plazo de prescripci?n. Voto de la mayor?a (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz) En el caso ya exist?a un precedente "Larrabeiti Y??ez", dictado en 2007 y suscripto por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi y Argibay (Fallos: 330:4592)-, el que resulta de aplicaci?n directa al caso y al que se remite. All? se diferenciaron ambas situaciones, sobre la base de que la acci?n para reclamar el resarcimiento patrimonial es materia disponible y renunciable, mientras que la imprescriptibilidad de la persecuci?n penal en materia de lesa humanidad se funda en la necesidad de que los cr?menes de esa naturaleza no queden impunes, es decir, en razones que exceden el inter?s patrimonial de los particulares afectados En suma, se sostuvo que en un caso est? en juego el inter?s patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en el otro est? comprometido el inter?s de la comunidad internacional, de la que Argentina es parte, en que tales delitos no queden impunes, lo que impide cualquier asimilaci?n de ambos tipos de casos y, por lo tanto, que se declare la imprescriptibilidad de las acciones de da?os como la aqu? intentada. La opini?n de la mayor?a dej? en claro que no exist?a al momento en que la prescripci?n de la acci?n oper? -16 de noviembre de 1995- ninguna norma que dispusiera esa soluci?n. Agreg? que tampoco resultar?a aplicable al caso la imprescriptibilidad fijada en el art?culo 2561 in fine del C?digo Civil y Comercial, en virtud de lo dispuesto expresamente por el art?culo 2537 del mismo cuerpo legal (?Los plazos de prescripci?n en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior"). Por otro lado, sostuvo que La Convenci?n Interamericana sobre Desaparici?n Forzada de Personas tampoco dispone la imprescriptibilidad de las acciones indemnizatorias derivadas de dicho delito, sino ?nicamente la de las acciones penales (art?culo VII; arg. Fallos: 322:1888). A?adi? que de ninguno de los restantes tratados internacionales sobre derechos humanos que, a tenor del art?culo 75 inciso 22 de la Constituci?n Nacional, gozan de jerarqu?a constitucional, surge norma alguna que pudiera servir de justificaci?n a la sentencia de la c?mara. As? lo se?al? esta Corte expresamente respecto de la Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos en la causa ?Olivares? (Fallos: 311:1490, considerando 8?). De modo concorde, la Corte afirm? que el Estado argentino ha procurado la reparaci?n de estos da?os, no solamente mediante la habilitaci?n de las acciones indemnizatorias correspondientes ?durante el plazo de prescripci?n- sino tambi?n mediante el establecimiento de reg?menes indemnizatorios especiales (en este caso, ley 24.411 y sus modificatorias), cuya vigencia fue prorrogada sucesivamente (leyes 24.499, 25.814, 25.985, 26.178, 26.521) hasta declararse posteriormente la ausencia de plazo de caducidad para solicitar los beneficios all? establecidos (ley 27.143). Por ?ltimo, las Corte subray? que el hecho de que la actora ?dadas sus particulares circunstancias- no pudiera reclamar la indemnizaci?n prevista por la ley 24.411 no implica en modo alguno que hubiera tenido un obst?culo para demandar aquello a que ten?a derecho seg?n su consideraci?n, ni que las reglas generales que justifican y sustentan el instituto de la prescripci?n liberatoria no concurran en casos como el presente. Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda El deber estatal de indemnizar los da?os causados por los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado no est? sujeto a plazo de prescripci?n. El Juez Maqueda en su voto disidente reconoci? el derecho de las v?ctimas de delitos de lesa humanidad a obtener del Estado la reparaci?n de los da?os causados sin sujeci?n a plazo alguno de prescripci?n. Esta declaraci?n de imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias tuvo fundamento en las normas y principios del sistema internacional de protecci?n de los derechos humanos, que recepta la propia Consti...

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